Las universidades públicas de todo el país atravesarán dos jornadas sin actividad académica debido a un paro nacional universitario de 48 horas programado para hoy y mañana. La medida de fuerza busca visibilizar la delicada situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudios, así como la persistente pérdida del poder adquisitivo que afecta tanto al personal docente como al no docente. En nuestra provincia, se verán afectadas las clases en diferentes facultades, como así también en las escuelas experimentales que dependen de la UNT.
La huelga fue ratificada por la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) luego de un plenario que congregó a secretarios generales de diversas provincias. Desde el sector gremial confirmaron que la suspensión de las clases magistrales y los exámenes estará acompañada por un esquema de protestas que incluye movilizaciones locales, asambleas y la realización de clases públicas en las calles y plazas lindantes a los establecimientos educativos.
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El plenario de secretarios generales determinó un plan de acción directa estructurado sobre demandas específicas que profundizan el histórico conflicto con el Poder Ejecutivo. Entre las principales resoluciones, las asociaciones de trabajadores universitarios establecieron:
- Realizar 48 horas de protesta hoy y mañana, con paros, movilizaciones, clases públicas y actividades de visibilización en las universidades públicas de todo el país.
- Exigir el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria urgente a paritarias el 52,1% de poder adquisitivo que, según el gremio, perdieron los universitarios desde la asunción del gobierno de Javier Milei.
- Participar de las movilizaciones convocadas para el miércoles 3 de junio bajo la consigna Ni Una Menos. Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) convocaron a las 15.30, en la sede del Rectorado (Ayacucho 491) para marchar hacia plaza Independencia.
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El conflicto mantiene en vilo al sistema de educación superior desde octubre de 2025, momento en que la Casa Rosada decidió frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario validada por el Congreso, derivando la disputa hacia una estrategia puramente judicial. Si bien se baraja la posibilidad de una mesa de diálogo inminente entre funcionarios del Ministerio de Capital Humano y los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aún no existe una convocatoria oficial.
La principal preocupación de la administración central radica en el frente judicial que comanda la Procuración del Tesoro, bajo la tutela de Sebastián Amerio. Fuentes oficiales admiten que un revés definitivo en la Corte Suprema de Justicia significaría un impacto fiscal sumamente adverso, ya que las proyecciones gubernamentales estiman que acatar el fallo obligaría a desembolsar cerca de $2,5 billones en concepto de actualización presupuestaria y salarios atrasados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Marcha Federal Universitaria: docentes necesitan un aumento superior al 50% para recuperar el salario perdido con MileiPara amortiguar un dictamen desfavorable, el Gobierno evalúa ofrecer la transferencia de partidas incluidas en un proyecto de financiamiento alternativo enviado al Parlamento en febrero, el cual solo cubre la recomposición del año en curso. No obstante, la propuesta exige que las universidades desistan de la medida cautelar vigente, una alternativa que por el momento resulta insuficiente para los sindicatos, que continúan exigiendo la reparación de la pérdida salarial acumulada durante los últimos años.